Así se ha manifestado la ONU recientemente. El pasado día 27 de enero, se celebró el Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto, porque ese día de 1945, el ejército ruso liberó el más horrendo de los campos de exterminio nazi: Auschwitz.
Parece que todo viene a recordar la situación de millones de personas que en muchas partes del mundo, aún en el siglo XXI, malviven sometidos a regímenes que no sólo no respetan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que casi a diario sufren continuas violaciones a sus más elementales derechos: la vida, la alimentación, la salud, la educación, la libertad, etc.
Los ciudadanos libres en un Estado de Derecho como el español saben de la importancia de la libertad. Por una parte, porque España es un Estado constituido como una sociedad democrática basada en la libertad de derechos y el bienestar social; y por otro, porque al mismo tiempo, el individuo de un país democrático y libre, como el español, se convierte en cómplice encargado de trasmitir a todos sus iguales los privilegios de vivir en democracia, máxime cuando desgraciadamente, no todos los países viven en democracia.
Y para eso sirve esta conmemoración, para recordar que episodios como los vividos por la humanidad en épocas no muy distantes en el tiempo —aún hoy hay zonas en guerra— , no deben repetirse jamás. Atrocidades como las desarrolladas por Hitler, Mussolini, Pol Pot, Pinochet o el mismo Franco y otros muchos no pueden ni deben ser olvidadas nunca, y por ello los ciudadanos libres debemos ser conscientes de la responsabilidad de combatir el odio y la intolerancia. Unos valores que la historia en algunos momentos olvidó y que hoy por hoy, son la mejor herencia que pueden recibir los jóvenes del mundo.
La Organización de Naciones Unidas ha destacado que la mejor herramienta para conseguir un mundo mejor es la Educación. “Enseñemos a nuestra juventud en el respeto de los derechos humanos de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, cultura, idioma o religión”.
En este contexto, tal vez habría que recordar el nombre completo de la asignatura cuya obligatoriedad ha resuelto recientemente el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ante recursos interpuestos por familias objetoras que han encontrado en los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad amparo, refugio e impulso. La asignatura se denomina Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. El alto Tribunal ha logrado un más que amplio consenso: de los treinta magistrados que componen la Sala, veintidós desestiman el recurso interpuesto y siete presentan votos particulares contrarios a la decisión claramente mayoritaria del Tribunal. Uno de sus miembros, se encontraba ausente por enfermedad.
La sentencia estima que las normas que regulan esta asignatura en Educación Secundaria, no vulneran el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones y que el contenido de la asignatura debe centrarse en la educación en principios y valores constitucionales.
El debate político debiera darse por zanjado. Aquellos sectores conservadores de la sociedad, no han tenido más opción que acatar la decisión del Alto Tribunal, pero anuncian su pretensión de continuar planteando recursos a otros niveles.
Los contenidos de la asignatura versan, por ejemplo, sobre los diferentes modelos de familia, la igualdad de hombres y mujeres en la familia y en el mundo laboral, los valores cívicos en que se fundamenta la sociedad democrática: respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, igualdad, ayuda mutua, cooperación y cultura de la paz, la sexualidad de los jóvenes, la violencia machista, la xenofobia, el racismo y la homofobia, la diversidad cultural y los problemas que sufren los inmigrantes, la democracia y el sistema de partidos, la anorexia… Es, en suma, una asignatura que intenta prevenir disfunciones sociales en su más amplio sentido.
Durante muchos años, cierta forma de enseñanza ha considerado al alumnado como mero receptor de conocimientos transmitidos por el profesorado. En esa concepción, es muy posible el adiestramiento. Los que ya tienen cierta edad, seguro que recuerdan aquella asignatura denominada Formación del Espíritu Nacional y por quiénes se impartían, ¿verdad? Hoy, afortunadamente, la enseñanza se entiende no tanto por lo que se transmite sino por el cómo se aprende. Y se podría añadir, en el contexto social en el que se aprende. Hoy en España, los estudiantes se educan, instruyen y desarrollan en un Estado de Derecho, al amparo de una Constitución y bajo el imperio de las leyes que emanan tanto de las Cortes Generales como de los diferentes parlamentos de las Comunidades autónomas, legítimos depositarios de la soberanía popular. E igualmente sus profesores. Esa es la garantía mayor para que nadie imponga, impunemente, adoctrinamiento alguno.
La sociedad debe felicitarse de la decisión adoptada por el Tribunal Supremo y casualmente, en un año en el que desde las Naciones Unidas se solicita a los gobiernos el desarrollo de actuaciones encaminadas al aprendizaje de los derechos humanos recogidos en la célebre Declaración Universal, documento que es el cimiento de las normas internacionales de derechos humanos, la primera sobre los principios básicos de los Derechos Humanos inalienables y una norma común para todos los pueblos y todas las naciones.
