De hecho, hubo dos planes hidrográficos nacionales (uno a impulsos del PSOE y otro bajo gobiernos del PP)… hasta que llegó ZP con su “España plural” y, sin más trámite, se decretó que los trasvases eran reaccionarios (y lo que es más disparatado: las desaladoras progresistas), que las cuencas podían transferirse (el nuevo Estatuto de Andalucía expropió al resto de los españoles la del Guadalquivir), el Ebro se lo quedó Aragón y, ahora, Castilla-La Mancha (a través también de su Estatuto) pretende decretar motu proprio el final del trasvase Tajo-Segura. De esta guisa el agua se ha convertido en bandera para crear banderías… y todo ello bajo la mirada irresponsable de unos gobernantes a quienes el Estado parece importarles una higa.
De “el agua es de todos” hemos pasado como el rayo a una consigna mucho más adelantada y progresista: “el agua es mía y me la quedo yo”. Un viaje disparatado hacia la rebatiña demagógica.
Hace algunos años hubiera resultado inconcebible que un Gobierno de España —y más si era de izquierdas— hubiera propiciado o permitido un desmantelamiento del Estado como éste al que estamos asistiendo a propósito del agua, cosa que algunos contemplamos impotentes y con horror. Porque, lo diré claro, una izquierda, tan nueva como la actualmente reinante, que propicia o permite tales saqueos del Estado, será nueva, pero no es de izquierdas ni por el forro.
