BARCELONA. Después de los desgraciados acontecimientos vividos ayer en el Campus Universitario y las calles de Barcelona, se impone una reflexión, y responder a una serie preguntas: ¿Merecemos una policía que actúe contra los ciudadanos? ¿De verdad vivimos bajo el manto protector de las garantías constitucionales de un Estado de Derecho? ¿Habrá una depuración del procedimiento de intervención policial, para evitar que algo parecido pueda volver a ocurrir? ¿Se abrirán procesos penales contra los autores materiales de los abusos policiales? ¿Dimitirá el conseller Saura? ¿Le cesará el presidente Montilla?
Una carga policial indiscriminada, en plena Via Laietana, en el corazón de Barcelona... cientos de policías armados hasta los dientes, golpeando a los más de cinco mil estudiantes que se habían concentrado pacíficamente para protestar contra las formas empleadas por parte del poder público para imponer el plan de privatización de la educación superior de titularidad pública, valiéndose del pretexto de una supuesta homologación europea de títulos universitarios.
Se diría que el plan de Bolonia es una especie de guerra preventiva, destinada a evitar la ilustración de los hijos de los trabajadores más humildes. Un objetivo político que busca crear una casta social que haga aún más difícil acceder a los estudios superiores. Ante algo tan grave, es normal que la gente proteste, pero lo que ya no es tan normal es que un Estado democrático y de Derecho responda a esas protestas de naturaleza cívica y no-violenta, empleando semejante fuerza bruta y desproporción de medios.
Algunos de los policías, claramente superados por los acontecimientos, locos de ira e impotencia, la emprendieron a golpes contra pacíficos peatones, ajenos a la protesta: ancianos, mujeres y niños resultaron con heridas de diversa consideración, bajo el efecto de la fuerza (y el ’valor’ que proporciona emplear armas contra víctimas desarmadas) exhibida por los miembros del cuerpo de intervención policial de los Mossos d’Esquadra.
No es de recibo, que la respuesta oficial ante el significativo sector de estudiantes críticos con el proceso de privatización encubierta de la universidad pública, consista en ejercer la brutalidad policial y valerse de una utilización instrumental del aparato jurídico. Eso, además de ensuciar y desnaturalizar las funciones propias de las instituciones públicas, pervierte la esencia misma de un sistema que se pretende democrático.
El voto de la ciudadanía no constituye un cheque en blanco que faculte a los políticos a utilizar la violencia contra las minorías no-violentas, críticas con la adopción de una determinada línea de actuación política.
Va en contra de la esencia de la Universidad el hecho de que un rector ceda a la presión política y autorice la intervención policial dentro de su sagrada institución educativa, con el ánimo puesto en destruir físicamente las protestas contra lo que no se puede aprobar .
La democracia no es de una dictadura con votos. Privatizar es robar a todos. Robar los medios públicos de acceso a la educación superior, es un misil en la línea de flotación de toda ciudadanía. Se diría que el poder pretende erradicar cualquier atisbo de contestación social, imponiendo un filtro de clase (de poder adquisitivo) para poder disfrutar de acceso a la Ilustración.
Resultó patético ver un Rafel Olmos temeroso de perder su puesto, visitar el sitio de los acontecimientos, horas después, para tratar de pedir perdón a los periodistas que resultaron agredidos por las bestias brutas de su departamento.
